El deterioro del lenguaje
He tenido la oportunidad de charlar con Marisa Cruz, de Diario El Mundo, para un reportaje que está preparando sobre el deterioro institucional, y que será publicado con motivo del aniversario de las elecciones del próximo 23 de julio. Mi reflexión apunta que hay un deterioro previo al institucional: el deterioro del lenguaje.
Es cuestión institucional poner el acento en el lenguaje. Se podría decir que el lenguaje es la primera infraestructura de la vida democrática: permite nombrar la realidad, discrepar, deliberar, pactar, prometer, rectificar y rendir cuentas.
En contextos de posverdad se pierde el respeto por las palabras, que dejan de ser un espacio común y pasan a ser armas de parte. Las palabras se usan menos para describir y más para descalificar; menos para comprender y más para movilizar; menos para buscar la verdad y más para organizar identidades enfrentadas.
Así, términos como “bloqueo”, “golpe”, “fango”, “facha”, “traidor”, “lawfare” o “progreso” se cargan de intención partidista y pierden capacidad descriptiva. Se cae en la inflación verbal y se pierde precisión semántica: todo es “histórico”, “inédito”, “ataque”, “emergencia”, “extremista”, “conspiración” o “traición”. Como consecuencia, cuesta distinguir entre una discrepancia, una anomalía, una crisis y una quiebra institucional real.
El deterioro del lenguaje afecta a cada institución de un modo distinto, pero con un mismo patrón: les quita su función propia.
Al Parlamento le quita deliberación.
A la Justicia le quita apariencia de imparcialidad.
Al Ejecutivo le quita voz institucional.
A los partidos les quita capacidad de representación.
A la Administración le quita claridad y servicio.
A los reguladores les quita autoridad arbitral.
A los medios les quita función mediadora.
A la ciudadanía le quita conversación común.
Esta advertencia es la que hizo León XIV cuando llamó a las Cortes españolas a “desarmar la palabra”.
La cuestión no es si debemos rebajar el conflicto, pues la democracia necesita conflicto, crítica y oposición. La cuestión es si todavía contamos con un lenguaje común y respetado, capaz de convertir el desacuerdo en deliberación, la diferencia en conversación y la palabra pública en responsabilidad.
Antes de quebrarse las instituciones, lo que se quiebra es el lenguaje que las sostiene. Y quizá una de las tareas más urgentes de nuestra vida pública sea precisamente esta: volver a tratar la palabra como un bien común, no como munición política.