Mañana, sábado, el Consejo de Ministros pondrá por escrito las resoluciones prácticas que llevará a cabo para atajar el problema catalán.

La peor crisis de la democracia en España enfrenta su fase más peligrosa. El Gobierno central dio luz verde a la intervención de la autonomía de Cataluña después de rechazar la respuesta del presidente catalán, Carles Puigdemont, a su segundo requerimiento sobre si declaró o no la independencia de Cataluña de manera unilateral.

De nuevo por carta, Puigdemont jugó al despiste al señalar que la independencia sigue en suspenso y advirtió de que, si el Ejecutivo de Mariano Rajoy no le daba la oportunidad de dialogar, entonces se procedería a la votación de la secesión en la Cámara de Cataluña.

“Si el gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el 10 de octubre”, subrayó al final de su misiva, que llegó cuando faltaban pocos minutos para que acabase el segundo plazo concedido por Madrid.

La siguiente fecha clave del entuerto institucional español es mañana, sábado, a las 10:00 a.m., cuando el Consejo de Ministros pondrá por escrito las resoluciones prácticas que llevará a cabo para atajar el problema de Cataluña.

Pero no es fácil. El artículo 155 de la Constitución -que prevé la toma de control del gobierno autonómico díscolo por parte del central- está escrito con cierta ambigüedad y no especifica cómo o de qué manera se pondrá en marcha. “La medida no implica la disolución del gobierno de Cataluña, sino que otorga al gobierno central la capacidad de activar una serie de medidas graduales, orientadas para que el gobierno autonómico vuelva a la legalidad. No hay precedente y por eso hay constitucionalistas que están asesorando al Gobierno sobre qué tipo de medidas operativas se aplicarán”, señala la catedrática de Comunicación Política y del Sector Público, María José Canel.

En cualquier caso, el Gobierno deberá elevar al Senado las propuestas. El Partido Popular – que detiene el poder ejecutivo- cuenta con una mayoría de diputados, por lo que no precisaría de otros apoyos. Sin embargo, debido a la dificultad en la resolución del conflicto, cuenta con el beneplácito del partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y de Ciudadanos, para aplicar el artículo 155. Esta solución dibuja varios escenarios políticos posibles, que van desde la asunción de manera coyuntural de las competencias de salud y educación -que en España son controladas por la región autonómica- por parte del gobierno central o la convocatoria de elecciones.

“Desde el punto de vista operativo, controlar temporalmente las escuelas, centros de salud, hospitales, etc. es complicadísimo. El Gobierno debería designar un responsable con el riesgo de que no fuese reconocido en el ámbito regional. Está por ver todavía si se cuenta con los recursos para aplicarlo”, destaca Canel.

LA UE APOYA A ESPAÑA

Después de recibir la carta de Puigdemont y de anunciar que el sábado aplicará el 155, Rajoy viajó a Bruselas (Bélgica) para participar en una cumbre de mandatarios de la Unión Europea (UE) en la que la cuestión catalana no estaba en la agenda, pero que copó todas las cuestiones. De hecho, menos Rajoy, que volvió a optar por el silencio ante las preguntas de prensa, el resto de los líderes políticos de la UE se pronunció sobre el desafío secesionista.

“Seguimos muy de cerca la situación y apoyamos la posición del Gobierno español. Esperemos que se puedan encontrar soluciones dentro del marco constitucional español”, dijo con claridad la canciller Angela Merkel.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dio un paso más allá y aseguró que la cumbre mandará“un mensaje de unidad en torno a España”. Por su parte, el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, especificó el papel fundamental de la UE en el conflicto: “No podemos ignorar la situación en Cataluña y estoy seguro de que hablaremos de ello. Es un asunto español, hay una ley y una Constitución y deben ser respetadas, espero una solución política y diplomática”, admitió.

En tanto, la sensación general que domina las calles se divide entre la desazón y el hartazgo. “Hay cada vez más banderas y eso no es bueno para nadie. La gente está dejando de comprar productos de Cataluña y eso afecta no solo al empresario catalán, sino a todos”, comenta Isabel, quien es de Madrid pero lleva años viviendo en Zaragoza. “Estamos en una espiral de violencia mutua que es el resultado de la ausencia de búsqueda de un compromiso de 2010 a 2017, y ahora hemos llegado a la cúspide”, sintetiza el experto francés en temas hispánicos Jean Jacques Kourliandsky.

En cualquier caso, la más perjudicada por el momento es la economía catalana. El coste económico del proceso independentista ha hecho perder a Cataluña el 4% del PIB, según un reciente estudio de Sociedad Civil Catalana, que también ha fijado el Índice de Riesgo Catalán en 212.5 puntos sobre 100, lo que lo convierte en un máximo histórico desde 2004.

Fuente: https://impresa.prensa.com/panorama/Espana-intervendra-Cataluna_0_4875262539.html

Autor: Victoria Isabel Cardiel

Foto: Gonzalo Fuenteso